Denunciaron a siete ministros de Rodríguez Saá que hicieron firmar los contratos a trabajadores del Plan sin tener el respaldo legal

La actuación de los funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá que incurrieron en una conducta ilícita y estafa por hacer firmar los contratos a trabajadores del Plan de Inclusión sabiendo que no podían hacerlo, terminó en la Justicia.

El abogado, Ricardo Bazla, denunció a los ministros de Gobierno, Fabián Filomena; de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich; de Seguridad, Claudio Latini; de Educación, Eugenia Cantaloube; de Salud, Cristian Niño; y también al secretario de Turismo, Luis “Piri” Macagno.

Fueron acusados de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estafa establecidos en los artículos 248, 172 y 173 del Código Penal. Esto se debe a raíz de que los funcionarios dos días antes de las elecciones del 11 de junio hicieron firmar contratos a beneficiarios siendo conscientes de que no contaban con el respaldo legal.

“Se hizo bajo la promesa de hacerlos ingresar en la administración pública, pero hubo una violación a las leyes de Presupuesto vigente y de Contabilidad”, aseguró Bazla.

La presentación ya ingresó a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial a la espera de que algún fiscal sea designado en el caso.

El letrado solicitó una serie de medidas como libramientos de oficios del Gobierno provincial, a la Legislatura, Anses y AFIP.

“En la denuncia dejé a salvo la responsabilidad del Estado de provincial e hice hincapié en la responsabilidad solidaria y personal que le cabe a cada uno de los ministros que se aprovecharon del grado de vulnerabilidad de personas que necesitan un trabajo estable que cuente con obra social y aportes previsional y todos los beneficios que tiene un trabajo en blanco. A muchas personas les hicieron firmar con la promesa de que pasaban a formar parte de la administración pública provincial, todo esto ocurrió teniendo conocimiento de que no existían las partidas presupuestarias porque no se había modificado el Presupuesto de la provincia”, señaló en declaraciones al programa La Mañana de Dimensión de Nino Romero.

Y agregó: “El proyecto de modificación que envió el gobernador a la Legislatura se recibe el 25 de julio prácticamente dos meses después de firmar los contratos. Esto ha motivado una serie de reclamos por parte de a mi criterio quienes fueron estafados, engañados, abusaron de su confianza y se encuentra en incertidumbre total porque no existe el sustento legal”.

Por otra parte, Bazla afirmó que, si el proceso legal sigue después del 10 de diciembre, cuando los denunciados dejen su cargo, existe la posibilidad de que deban responder con sus bienes personales.

“En este caso se da la particularidad que los funcionarios habrían actuado dentro de sus competencias, pero sin el sustento legal suficiente para poder contratar personas porque no estaba ampliado el presupuesto provincial y los cargos no estaban previstos en la ley”, argumentó.

“Estas son exigencias elementales que tienen todos los estados tanto nacional, provincial y municipal en cuanto a tener previsto cuál es el cálculo de gasto que va a demandar la actividad propia de la administración pública. Si no está previsto, no se puede contratar, porque en el derecho público, lo que rige es la incompetencia, si no está previsto legislativamente cual es la función que el funcionario debe cumplir no lo puede hacer”, indicó.

Por último, Bazla no descartó la posibilidad de que, mientras avanza la investigación, puede haber otros funcionarios de Rodríguez Saá denunciados como el contador y tesorero General de la provincia.

“Se aprovecharon de la vulnerabilidad de vastos sectores sociales, en una clara maniobra político electoral, pero eso tiene consecuencias legales, en este caso, penales, de las cuales deben responder y consecuencias patrimoniales en cuanto a reparar los daños que pudieran haber causado”, cerró.